Desde el sistema fiscal
En los últimos 30 años, la economía española está experimentando una tasa media de crecimiento del 2,5%. ¿A dónde va este dinero? Algunos ejemplos nos pueden dar una pista:
- Leemos en los balances de las grandes empresas y entidades financieras como los miembros de los consejos de administración perciben unas remuneraciones anuales del orden de los 3 millones de euros.[8] En la prensa aparece de vez en cuando como los deportistas de elite (fútbol, baloncesto, tenis) ganan entre 1 y 6 millones de euros. Colectivos de profesionales como los dentistas, los médicos privados, los notarios, los dirigentes de programas de radio o televisiones,[9]
- En este primer semestre del 2004, los bancos que operan en España declaran un beneficio récord de 4.134 millones de euros, un aumento del 28,4% sobre el semestre del año anterior.[10]
- Además, la tendencia es a bajar los impuestos de los ingresos más altos y a tolerar que se refugien en los paraísos fiscales, etc. En España, en los últimos años, se ha ido reduciendo el tipo de impuesto de los ingresos más altos, de forma que ha descendido del 56% al 45%; 11 puntos que dan un margen más que suficiente para financiar varias veces el déficit fiscal de toda la sanidad española.[11]
- Sin embargo, el salario mínimo de muchos trabajadores no llega a
- Por si este nivel de deterioro social no fuese suficiente, el nuevo y flamante director gerente del Fondo Monetario (FMI, señor Rodrigo Rato,[12] “considera que las ayudas sociales y los salarios mínimos son barreras al empleo y que demasiada protección social hace que sea menos costoso y más fácil no querer trabajar... [A su vez], receta a los países del euro jornadas de trabajo más largas”,[13] como medida para enfrentarse a la deslocalización de las empresas.
Sólo Hacienda sabe lo que declaran o dejan legalmente de declarar.
Con todas estas políticas, entonces, no es de extrañar que el número de ricos en los dos / tres últimos años haya aumentado, a la vez que no deja de crecer el número de personas o familias pobres.[14]. Crecen las rentas y descienden las cargas fiscales de las personas y entidades con mayores ingresos. Estos ejemplos son indicadores de una pésima distribución de la renta en nuestro país, tendencia que está, como vemos, recetada por dos de los grandes organismos del capitalismo: el FMI y el BM. Todas estas razones y actitudes nos lleva a preguntar a quién corresponda:
¿Quién es el usuario habitual de la sanidad pública, las personas del primer grupo o las del segundo?
Y, en una sociedad que pretenda ser, no ya justa, que esto es imposible en el capitalismo, pero sí solidaria, ¿quién debe financiar el déficit de la sanidad pública, la personas del primer grupo o las del segundo?
Sin embargo, llama la atención que el comité de expertos esté pensando más en medidas de tipo tasas e impuestos indirectos que en impuestos a las rentas más altas, que sería lo progresista en un gobierno de izquierdas. Piensan más en que el usuario que acuda al médico de cabecera, o a las urgencias de los hospitales, o por cada receta, o cuando se vacune por viajar al extranjero, abone una cantidad por estas atenciones sanitarias. También piensan en aplicar un impuesto indirecto a productos como el alcohol, el tabaco, o el ya en vigor en Catalunya: al consumo de gasolina.
A nivel de Estado, al ministro neocon de economía señor Solbes se le ocurre la brillante idea de que los jubilados con pensiones más altas contribuyan a financiar la asistencia sanitaria en vez de pensar en que sea costeada vía el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Sociedades; es decir, por aquellas personas y empresas que son las que ingresan la parte más sustancial de la riqueza producida. No está de más considerar su argumento: “Que una persona esté jubilada, cuando tiene una pensión muy alta, no le excluye de tener que pagar impuestos. Por lo menos, no tiene que pagar menos que alguien que tiene un sueldo inferior y que paga más por el hecho de estar en activo”.[15]. El ministro neocon no quiere recordar que cuando este jubilado con pensión alta estaba en activo ya contribuía a la SS con una cuota mayor que el citado activo, diferencia que servía para mantener una SS solidaria. Y lo que tampoco quiere recordar es que, a nivel de impuestos, también aportaba más en términos absolutos al erario público para contribuir a pagar la sanidad pública de los entonces usuarios. Y lo que, finalmente le cuesta plantearse es esa regla que insiste en aplicar un copago al jubilado que más gana, y no un impuesto directo a la persona activa que más ingresa. Señalábamos anteriormente la necesidad de volver a tipos de impuesto a las rentas elevadas por encima del 50%, al menos hasta que desaparezcan algunos déficits sociales.
Desde el gasto público
Parece ser que la “deuda acumulada de la sanidad pública a finales del 2003 era de 2.193 millones de euros y el déficit anual de unos 500 millones”.[16]. En efecto, como dice el president P. Maragall, “algún tipo de medida habrá que poner”. Y, como añade el conseller en cap J. Bargalló, “el
debate es bueno si se hace de forma sensata”.
Una forma sensata de comenzar el debate para tomar medidas nos parece que sería, además de las aportaciones desde el sistema impositivo, repasar
algunas otras partidas del gasto público, no solamente las del gasto sanitario. Por ejemplo, es curioso que nadie menciona la deuda acumulada que origina cada
año otros servicios públicos, como pueden ser la de [17] la propia Generalitat, el Parlament de Cataluña, los Mossos d’Escuadra, las televisiones, las radios y otros medios de comunicación públicas de ámbito autonómico, por poner algunos ejemplos; estas entidades tienen ingresos y gastos asignados en el presupuesto, pero que nadie habla de si tienen déficit o no. Sí hubiera que temporalmente aplicar una política de austeridad en el gasto público ¿por qué no empezar por reducir o suprimir las ayudas que reciben del Estado los propios partidos?
También tendríamos que preguntarnos por las ayudas públicas que reciben entidades y sectores económicos privados, como es la prensa y los medios de televisión, las PYMES,[18] las iglesias, los clubes deportivos, las fundaciones privadas, el sector agrícola y ganadero, los de la pesca y los frutos secos, el sector del transporte privado (autobuses y taxis), etc.[19]. Podemos observar que si planto viña, o avellana, o fruta, o aceite, o cualquier otro producto agrícola, cuando caen los precios o aparece una mala cosecha, me han de subvencionar. Cómo ha subido el precio del petróleo ya se anuncian subvenciones a los transportistas, los taxistas, los agricultores, etc., como si estas personas no fuesen también usuarias de la sanidad pública.[20]. O, cómo los propietarios de pisos vacíos no ofertan este producto, ya se anuncia la concesión de unos 6.000 euros anuales para estimularlos a que los pongan en alquiler; no se les ocurre a nuestras autoridades o a los comités de sabios, poner un impuesto y penalizar este ‘ocultamiento’ de riqueza.
En definitiva, que suprimiendo buena parte de estas ayudas a entidades y actividades mercantiles privadas, seguro que el erario público dispondría de bastante más dinero que el que se necesita para cancelar, no únicamente la deuda sanitaria, sino el del déficit total del presupuesto autonómico de Cataluña. Una parte de las políticas de reasignación del gasto público para eliminar el déficit de la sanidad pública la podemos extraer de algunos ejemplos del gasto público español y catalán que aparecen en prensa:
A nivel de Estado
- A pesar de que se anuncia una pérdida de 757 millones de euros en Radio y Televisión Española (RTVE), un 21% más de lo previsto en el presupuesto, “el gobierno está decidido a mantener el actual sistema de financiación de RTVE, basado en recursos publicitarios, una subvención pública y endeudamiento”. La señora Carmen Caffarel, directora del ente público, negocia la posibilidad de un aumento de la subvención pública para paliar el déficit, mientras que el señor Jaime Gaiteiro, secretario general del mismo, explica que estas altas pérdidas acumuladas podrán ser asumidas mediante endeudamiento del ente”.[21]
- En este mismo orden de cosas, todavía nos asusta más oír al presidente del consejo independiente de expertos que estudia la reforma de los medios públicos de comunicación, el señor Emilio Lledó, como este grupo de sabios “no descarta el cobro de un canon para financiar la TVE”.[22] En ningún momento se les ocurre revisar las remuneraciones que pagan a los directivos y destacados profesionales que figuran en la plantilla del ente, la compra de programas basura a terceros, la aparición de personajes en programas de ocio u ‘ociosos’, como el ‘conde Lecquio y demás comparsa’, etc. Que todo un prestigioso filósofo, como es el señor Lledó, haya aceptado formar parte de este consejo para eliminar toda la basura de los medios de comunicación financiados con dinero público, nos parece que es una labor encomiable, pero las cuestiones económicas nos las tendría que consultar a los auditores y economistas externos al ente y al consejo, directa y popularmente representantes del bien común en general. De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dejado bien clara su oposición: “es aberrante la posibilidad de pagar más por mejorar los medios públicos españoles mediante un canon, tal y como estudia proponer la comisión de expertos nombrada por el Gobierno... No puede admitirse porque los ciudadanos ya están pagando unos impuestos, y precisamente de esos impuestos es de dónde tienen que sacar esta financiación... No se puede enmascarar la falta de calidad de contenidos y los pocos televidentes con una ampliación de la contribución ciudadana... [El déficit] es producto de una mala política económica, un error de gestión que en ningún modo debemos pagar los consumidores”.[23]. Por citar otro ejemplo en este sector, el presidente de la comisión de las Telecomunicaciones (CMT), Carlos Bustelo, “afirmó ayer que las televisiones públicas cuestan cada año entre 1.500 y 1800 millones de euros”.[24] Otro ejemplo más de cómo se despilfarra el dinero. La señora Carmen Caffarel, directora general de RTVE, reconoció que Hacienda “ha detectado irregularidades en la gestión del ente, entre ellas, la existencia de contratos blindados, con clausulas abusivas, y la cesión de derechos de imagen. A pesar de no identificarlo explícitamente, reconoció que el ente contrató por 2,4 millones de euros a Jordi González, a quien sele pagó la mitad del dinero al año siguiente por no haber hecho nada”.[25]
- Y que decir del gasto en armamento o en campañas ‘humanitarias’ como las tropas enviadas a Bosnia o, últimamente, a Afganistán e Irak. Informa la prensa[26] que el Estado español lleva gastados 110 millones de euros en Afganistán para sostener un gobierno ‘democrático’, elegido a dedo por los yanquis de la administración Bush; sin embargo, desde entonces los derechos de la mujer no han mejorado ni un ápice y los señores de la guerra producen más opio que nunca. ¿Cuánto más nos ha costado Irak, etc., a los contribuyentes?
- Y lo más escandaloso, el gobierno de Zapatero anuncia que cambiará la ley para movilizar en el referéndum europeo al mayor número de participantes. Entre las reformas estará la de la Ley de Financiación de Partidos, para que estos puedan recibir más subvenciones para hacer la campaña e incentivar el voto. De momento ya anuncia que el referéndum europeo le costará al Estado unos 90 millones de euros; a esta cantidad habrá que añadirle el dinero que el Estado dará a los partidos para realizar este campaña por el sí al plebiscito. También se nos informa que los partidos han recibido 149,6 millones de euros en el 2001, en concepto de subvenciones de funcionamiento ordinario, más otros 16,1 millones de euros por subvenciones electorales, más algunos de ellos otros 9,0 millones de euros de donativos particulares. En total, unos 174,7 millones de euros que podrían servir para dar ejemplo de solidaridad con la ciudadanía.[27]. Para predicar austeridad en el gasto público, los políticos han de ser los primeros en dar ejemplo.
Volvemos a repetir, ¿por qué para estas fanfarrias no se cuestiona el gasto que suponen y, en cambio, el gasto en sanidad pública y otros servicios de interés colectivo y socialmente redistributivo se pone en tela de juicio, precisamente por parte de esta mismas fuerzas políticas? La ciudadanía tendrá que ir aprendiendo a castigar con la abstención del voto [28] este tipo de comportamiento de los partidos contra el bienestar público.
A nivel de Comunidad
- La Cambra de Comerç de Barcelona insta al Govern a adoptar medidas económicas contra el deterioro económico.[29] Es decir, el presidente de esta institución reclama de la Generalitat que financie con dinero de los contribuyentes la formación de trabajadores, las inversiones en investigación y desarrollo, y la mejora del entorno para la actividad empresarial. Es decir, reclama que la prioridad en el gasto público esté comprendida por aquellas medidas que aseguren a las empresas privadas altas rentabilidades. Cuando estas tasas de beneficios llegan, los empresarios son los primeros en considerar que son suyas, “fruto de su esfuerzo inversor y del riesgo que corren para conseguir estas plusvalías”. También son los primeros en oponerse a pagar impuestos directos, tanto sobre las rentas de carácter personal (IRPF) como sobre las de las sociedades. Quieren del Estado ayuda económica, pero no quieren contribuir a la financiación de este gasto público. ¿De dónde han de salir entonces estos recursos? Los empresarios lo tienen claro, reclaman al Estado que reduzca el gasto en pensiones y otras prestaciones del estado del bienestar, y que incremente los impuestos indirectos, por ejemplo el IVA, o impuestos especiales, como el de la gasolina, el tabaco, el alcohol, etc. Esto es lo que, sin embozos, manifestaron los presidentes del BBVA y de la Cámara de Comercio y Navegación de Catalunya, personajes que se han asegurado contra sus entidades con contratos blindados, perciben unos salarios de unos 5 millones de euros anuales, y unas pensiones de jubilación del orden de los 200 millones de euros.[30]. ¡Hay que tener desfachatez para proponer para las poblaciones desamparadas un desmantelamiento del estado del bienestar! Y si esta falta de total solidaridad por parte de la clase empresarial es tan evidente y manifiesta, iquest;qué decir del conseller de Economía y Finanzas, que se “apresuró ayer a declarar que compartía el diagnóstico efectuado por la Cámara de Comercio... todos estos puntos constituyen elementos esenciales de la acción del Govern y del acuerdo estratégico por la internacionalización”.[31]. ¡Dios nos ampare contra los socialistas! ¡Qué razón tiene Petros Márkaris cuando dice que una parte de “la izquierda vendió sus sueños por dinero y poder”![32]
¿Por qué esta protección de RTVE, de tantos sectores privados, o a los despliegues militares, y no a la sanidad pública? ¿Por qué los gobernantes están tan ‘sensibilizados’ a escuchar y poner en práctica las sugerencias de las entidades patronales y bancarias? ¿Por qué los comités están compuestos por ‘sabios’, y no los ordinarios ciudadanos relacionados y conocedores del tema? ¿Por qué hay dinero público para todas estas políticas industriales y no para las sociales? Es decir, ¿por qué se han de dedicar “6.000 millones de euros para acabar con el histórico déficit de infraestructuras que padece Catalunya”, como propone el señor Valls, presidente de la Cámara, y no acabar con el de la sanidad pública que sólo asciende a 2.193 millones de euros?
Decíamos anteriormente que las prioridades del gasto público las deciden los Gobiernos. Pero, ¿quién decide las prioridades de los Gobiernos? Quizá sea que no prestamos la debida atención a lo que nos dicen los propios gobiernos de turno. El de Aznar, no lo ocultaba, decía que era neoconservador, por tanto podíamos saber quienes eran los beneficiarios de sus políticas; el de Zapatero tampoco lo omite, acaba de decir que adopta el republicanismo porque le permite recuperar la ideología del liberalismo radical; tampoco se nos oculta quienes van a ser los beneficiarios, aparte de haber nombrado un asesor y un ministro de Economía y Hacienda de talantes neopluscon. Cualquier día sabremos en que zona del espectrum se sitúa el de Bargalló / Maragall; pero a juzgar por los días que llevan gobernando comenzamos a pensar que los beneficiarios son los mismos que se han beneficiado de los Gobiernos Aznar y se benefician del de Zapatero.
Sobre el republicanismo
Más que empezar por mi opinión sobre el republicanismo, mejor dar prioridad a la de un sociólogo, si más no, afin a los socialdemócratas. “En España vuelven a descubrir que la fuerza del cambio radica en la sociedad; por eso se llaman socialistas y no estatistas que basan la política de igualación social en la intervención del Estado. Como nuevas señas de identidad se agarran a los derechos humanos, con énfasis especial en los de la mujer, y a la defensa de las minorías discriminadas. Es bueno para desatascar la sociedad de los viejos prejuicios, pero, realizadas las reformas legales pertinentes, esta política se agota pronto. La UCD no pudo vivir largo tiempo de la primera modificación importante en esta dirección, la ley del divorcio, que contó también con la oposición de la Iglesia. En otra ocasión pondré de relieve cómo “el socialismo de los ciudadanos”, o las referencias al “republicanismo” son salidas coyunturales que sólo enmascaran la cuestión esencial de que falta una política, verdaderamente innovadora, en educación, empleo, sanidad y pensiones”.[33]
Yo añadiría que el republicanismo, como ideología y práctica política, no es más que retornar a la propuesta de descubrir la sabrosa sopa de ajo. Como ejemplo, no está de más recordar como la Constitución Española ya reconoce, a nivel formal, casi todos los derechos que bajo el republicanismo demócrata burgués se pueden enumerar y exigir. Queda, eso sí, conseguir que se lleven a la práctica algunos de ellos, o que se respeten otros, de manera que ningún ciudadano quede discriminado de ninguno de los derechos de la primera> y segunda generación. Sabemos y reconocemos que esta intención, para el que tiene un espíritu burgués, puede ser un objetivo loable; de hecho, son muchas las personas, partidos e instituciones que desearían como finaidad darle un rostro humano, pues un alma es imposible, al capitalismo.
Ahora bien, hemos de saber que el republicanismo no cuestiona el dinero que se gasta en armamento ni los privilegios de los mandos militares; ni cuestiona las subvenciones que se dan a la Iglesia o las prebendas que goza la jeraquía eclesiástica; y mucho menos cuestiona la lógica de acumulación de riqueza del sistema capitalista; es decir, en ningún momento se enfrenta a los tres estamentos fundamentales del sistema; Ejército, Iglesia y Capital. El republicanismo es totalmente complaciente con los poderes (superestructura) y la base material del capitalismo.
Por tanto, aceptar el republicanismo supondría para los anticapitalistas quedar maniatados, ya que nos pondría un límite a la acción política liberadora, aquella que tiene como objetivo la transformación total del sistema. Los anticapitalistas hemos de oponernos al reformismo burgués en la versión republicanista.
El negocio del copago, ¿puerta a la privatización?
Las clínicas privadas huelen negocio en la política del copago y a una manera de continuar con la privatización del servicio sanitario. “La Unió Catalana d’Hospitals (UCH), que agrupa a 93 centros sanitarios catalanes privados y concertados, plantea desde la posibilidad de cobrar las comidas que se sirven a los enfermos hospitalizados, a gravar no sólo el consumo de tabaco o alcohol, sino también el de otras actividades que pueden generar atención sanitaria, como los deportes de riesgo”.[34]. ¡Cuidado con este tipo de sugerencias! Pues atendiendo este tipo de criterios, se comienza por hacerle pagar al ciudadano que ha sufrido un percance practicando rafting, para ampliar el copagoa los conductores y pasajeros de automóviles y autobuses, a los trabajadores por hora trabajada,[35] y hasta a las visitas de familiares y amigos a los centros sanitarios.
Los comités de sabios, últimamente tan de moda…
Una cuestión es evidente y de sentido común: nada es gratis, todo servicio tiene un valor económico y alguien, de una manera u otra, lo debe pagar. Un servicio público como es la sanidad debe ser sufragado bien mediante tasas o precios públicos por parte de quien lo utiliza, bien mediante impuestos por el conjunto de la sociedad. Determinar quiénes y en que medida deben pagar los servicios públicos es uno de los principales problemas de la política actual, algo estrechamente dependiente de la política económica que se ha escogido y, sobre todo, de las ideas de justicia y equidad social que se defienden. Algo, en definitiva, que distingue a la derecha de la izquierda, a los conservadores de los progresistas, para utilizar términos que hoy en día están algo devaluados pero que aún sirven para que nos entendamos”.[36]
Leyendo este párrafo, tengo la sensación de que, en materia social, hemos retrocedido cien años. Estas observaciones bien hubieran podido formar parte de un tipo de argumentos progresistas para justificar la implantación del estado del bienestar en la sociedad capitalista. Por aquellas fechas, buena parte de la izquierda pensaba que principios como la justicia, la equidad, la solidaridad, el bien común, o disfrutar de derechos como la sanidad, la educación, la protección social, etc., sólo podían disfrutarse en una sociedad alternativa al capitalismo Este mismo debate que surge hoy en torno al desmantelamiento del estado del bienestar es una buena demostración de que este sistema no garantiza a los ciudadanos ningún tipo de seguridad que no sea previamente adquirida en el mercado. Como decíamos al principio, y este columnista lo corrobora, en esta sociedad nada es gratuito, todo hay que comprarlo, todo está mercantilizado y mediatizado por el dinero. Los valores sociales y los derechos humanos se han convertido en papel mojado, u objeto de compra / venta..
Esto no impide reconocer que, tratándose de dinero público, las políticas públicas no vengan precedidas de un estudio del tema en cuestión. En este caso, un estudio que indique como aumentar los ingresos y como racionalizar muchos de los gastos de la sanidad catalana sin perjuicio para los colectivos que son beneficiarios de estos bienes públicos: se trata de mejorar, no de restringir más el bienestar colectivo.
A priori, tampoco habría que descartar un informe de una comisión técnica representativa de todos los miembros de la sociedad, que exprese los intereses colectivos o, en términos más generales, el bien común. Un informe en el cual, “los políticos sean conscientes de sus decisiones y vean los pros y los contras de cada alternativa y como se puede mejorar y mitigar las consecuencias de las mismas”.[37]. Pero, a juzgar por los miembros seleccionados para componer el comité, no parecen personas ajenas a muchos de los intereses empresariales que ven en la privatización de la sanidad una fuente de suculentos beneficios. Lo cual, el informe no será ni tan técnico, ni estará desprovisto de su correspondiente carga ideológica; lo que en buena medida, los supuestos sabios estarán suplantando el rol político que han de ejercer los representantes políticos de la población.
De acuerdo con el contenido de artículos y apariciones en diversos medios de comunicación, o la entidad en la que trabajan, o la pertenencia en algún momento a partidos políticos, calificaremos a sus miembros con una sigla: conservador(C), progresista (P), en algún lugar del amplio espectro de la izquierda (I), o pendientes de clasificación (?).
Posibles representantes de los intereses privados:
Joan Ramón Laporte: catedrático de Farmacología y director de la Fundación Instituto Catalán de Farmacología. (C)
Santiago Marimón: especialista en gestión sanitaria y económica de la salud y director de Sistemas y TIC del Consorcio Hospitalario de Cataluña. (C)
Gabriel Masfurroll: economista y presidente del grupo hospitalario United Surgical Europe. (C )
Jordi Mercader: ingeniero y vice-presidente de La Caixa y de Aiguas de Barcelona. (C)
nMercé Sala: economista y consejera delegada de TEMOINSA. (P)
Adolfo Todó: economista y director general de Caixa Manresa. (C)
Josep Maria Via: presidente y consejero delegado deGesaworld, empresa especializada en gestión sanitaria. (C)
Posibles representantes de los intereses públicos:
Vicenç Navarro: catedrático de Políticas Públicas y ex asesor de la UNICF y la OMS. (I)
Julián García Vargas: economista y ex ministro de las carteras Sanidad y Consumo y de Defensa. Consejero del grupo EXCEM. (I)
Posibles representantes de una mezcla de intereses:
Anna Cabré: catedrática de Geografía Humana y presidenta de la Asociación de Geógrafos Españoles. (C)
Guillem López Casasnovas: economista y miembro del Consejo Asesor de la Modernización Pública de la Generalitat. (C)
Eduard Jaurrieta: director médico del Hospital Universitario de Bellvitge y presidente de la Asociación Española de Cirujanos. (?)
Miquel Vilardell: Presidente del comité; catedrático en Medicina y Cirugía y presidente de la sociedad catalana y española de Medicina Interna. (?)
Joan Viñas: rector de la Universidad de Lleida y secretario general del comité ejecutivo de la Asociación de Facultades de Medicina Europeas. (?)
Decíamos que lo normal y pertinente hubiera sido que el comité estuviese compuesto y representase a todos los intereses afectados: usuarios y asociaciones de consumidores, movimientos vecinal y social, sindicatos de la sanidad, médicos, sanitarios, farmacólogos, entidades relacionadas con los servicios y tecnologías afines, estudiosos, etc. Sin embargo, no parece que los 14 miembros nombrados representen este abanico de intereses cruzados. Es decir, da la impresión que el gobierno de la Generalitat ha buscado que el informe que salga de los supuestos expertos legitime su propia visión política de la sanidad pública; y no precisamente una visión ecologista, nacionalista i d’esquerres de debó, anunciada en las elecciones. Algunas de las medidas que proponen anuncian una línea bastante conservadora.
En homenaje a Eduardo Haro Tecglen, otro gran viejo niño republicano
Leí un día ya lejano a cierto escritor y columnista expresar que estábamos padeciendo una imponente ola de rojería monárquica.[38] Yo añadiría que no sólo existe una fuerte conversión de una buena parte de la izquierda a la monarquía constitucional, sino que se ha puesto de moda acogerse ideológicamente a un republicanismo, que como el propio asesorado presidente Zapatero dice, es una manera de buscar refugio o remozar la pasión por el liberalismo en su versión radical. Políticamente, los votantes no van entender exactamente en que consiste este segundo gran giro a la derecha,[39] de corte liberalismo radical, hasta que no comprueben socialmente el deterioro del estado del bienestar en sus propias vidas. Y para entonces ya será tarde: muchos de nuestros conciudadanos no son conscientes de que los derechos que no se defienden, se pierden. Pero volviendo al tema, el copago sería una buena expresión de lo que nos espera a las poblaciones de es tipo de ideologías descaradamente conservadoras.
Así que, volviendo a las enseñanzas de nuestro admirado viejo niño republicano, reflexionemos sobre sus argumentos sobre el copago
“Una palabra fea, desagradable y traidora se infiltra: copago. Significa pagar juntos, y se refiere a las medicinas de la Seguridad Social. El euro catalán, ahora disimulado, a la espera, que habría de darse en cada visita médica. La defienden bravos economistas, fieles escritores, legendarios hombres sociales. No tienen razón. Su argumento es que se trata de un despilfarro: la persona abusa de todo lo gratuito. Y arruina al Estado, que dicen que somos todos, con medicaciones inútiles.
Primero, el ciudadano no se receta, sino que lo hace un médico acreditado y asalariado de la Seguridad Social: si da más de lo debido, será él quien tendrá que dar cuentas. Segundo, el ciudadano viene pagando para ello y para sus pensiones futuras o presentes, una parte de su sueldo, y otra la paga el su empresario: ya está. Es tan antiguo como las mutuas, que se suprimieron con la Seguridad Social de Franco. Cuando se dice que se privaticen pensiones y seguros médicos, se supone que lo que pague el individuo se atesora en los bancos para atender a todos cuando lo necesiten: sin copago. Tercero, si se pone una cantidad más de copago, pasará como con los impuestos indirectos: que cada uno paga lo mismo sea cual sea su ingreso, y será injusto. Cuarto, en la compra de los medicamentos, salvo en jubilados, hace tiempo que se abona una parte, y se consideró que era una disuasión del abuso.
Así que, si se siguen reclamando disuasiones, habrá un tiempo en que el enfermo pague la totalidad del producto; y en un estado del absurdo quizá se obligue a pagar más al afiliado que al espontáneo. Es parte de la destrucción de lo que llaman Estado del bienestar, una promesa del capitalismo –como la civilización del ocio, ¿se recuerda?-, para enfrentarse con los países comunistas, o las promesas comunistas y las socialistas de cuando eran marxistas o emparentados. Desaparecidos los comunistas –o en vías de destrozo: la creación de la miseria en Cuba- o los socialistas reales – la muerte de Allende y el triunfo de Pinochet; la conversión del venezolano Chávez en terrorista-, el sistema no necesita luchar contra la concurrencia, o no tiene competencia. No es que ni siquiera se piense en nacionalizar los laboratorios, incluyendo las farmacias: es que se va quitando lo conseguido. Con luchas, revoluciones, barricadas”.[40]
Torredembarra, verano del 2004
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